El juego online en Argentina atraviesa un punto de inflexión. En los últimos años, y con mayor intensidad reciente, distintas provincias avanzaron en nuevas regulaciones sobre las plataformas de apuestas online, impulsadas por la necesidad de ordenar un mercado en expansión, proteger a los jugadores y responder a problemáticas sociales cada vez más visibles. Este escenario abre una oportunidad clave para analizar el marco jurídico vigente, entender su lógica federal y anticipar hacia dónde se dirige la regulación del juego online en Argentina.

El federalismo como eje de la regulación del juego

En Argentina, la regulación del juego responde a un esquema federal complejo y fragmentado. No existe un organismo regulador nacional del juego ni una ley federal integral que unifique criterios para todo el territorio. Por el contrario, el marco jurídico se construye a partir de competencias distribuidas entre el Estado nacional y las provincias.

El Congreso Nacional conserva atribuciones clave en materias transversales al juego online, como:

• La normativa penal, incluyendo los delitos vinculados al juego ilegal
• La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo
• Y de manera compartida con las provincias, la competencia tributaria.

Aunque el Congreso legisla en derecho civil y comercial, el artículo 1613 del Código Civil y Comercial de la Nación excluye expresamente a los juegos y apuestas regulados por el Estado de su ámbito de aplicación, sometiéndolos a las normas administrativas que autorizan su oferta. Esto hace que el juego online sea una actividad regida por el derecho público local, pero condicionada por leyes nacionales de orden público.

Como consecuencia directa de este modelo cada provincia:

• Dicta sus propias leyes
• Crea sus entes reguladores,
• Define los requisitos de licenciamiento, control y fiscalización
• Establece las condiciones para la explotación del juego online

Esta fragmentación normativa crea un paisaje regulatorio diverso. Esto se traduce en que algunas provincias tienen marcos maduros y licencias activas de juego online en Argentina, mientras otras se encuentran en etapas iniciales de implementación. Actualmente, varias jurisdicciones como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe cuentan con regulaciones específicas.

En ese contexto, se promovieron distintos proyectos orientados a crear una ley nacional de juegos de azar, como el impulsado en 2016, aunque ninguno de ellos fue finalmente sancionado ni implementado. La ausencia de una ley nacional integral no responde a un vacío normativo, sino a la propia lógica federal del sistema argentino, que reserva la regulación del juego a las provincias y exige que los operadores adecúen su actividad a la normativa de cada jurisdicción en la que ofrecen sus servicios.

La regulación de la Provincia de Buenos Aires (PBA)

Dentro de este esquema federal, la PBA cuenta con un régimen específico para el juego online establecido por la Ley N.º 15.079. Esta norma constituye la base legal provincial que habilita la explotación de plataformas de apuestas digitales, define a la autoridad de aplicación y fija principios esenciales del sistema.

Esta provincia destaca por haber impulsado recientemente una de las regulaciones más exigentes del país en materia de juego online. La provincia avanzó en la actualización de su marco normativo con un foco claro en el control de identidad de los jugadores y en la prevención de conductas de riesgo.

La autoridad de aplicación, que es el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, estableció la obligatoriedad de implementar sistemas de identificación biométrica y fe de vida como condición para el acceso a las plataformas habilitadas.

Desde una perspectiva jurídica, esta medida:

• Se encuadra dentro de la Ley 15.079
• Eleva el estándar de cumplimiento de obligaciones que ya existían, como la identificación del usuario y la prohibición de acceso de menores.

Las nuevas disposiciones refuerzan el rol del organismo regulador provincial y colocan a los operadores bajo mayores obligaciones técnicas y jurídicas, especialmente en relación con:

• La validación de identidad de los usuarios (se exige reconocimiento facial y fe de vida)
• La trazabilidad de las apuestas y del juego online en Argentina
• La protección de sectores vulnerables

Biometría y fe de vida como sistema de verificación

La biometría, principalmente a través de reconocimiento facial, permite verificar que la persona que intenta acceder a la plataforma coincide con la identidad registrada y no está utilizando datos o credenciales de terceros.

La denominada fe de vida cumple un rol complementario, ya que busca evitar fraudes mediante imágenes estáticas, grabaciones u otro tipo de suplantaciones. En el contexto del juego online, esta tecnología se presenta como una respuesta directa a la problemática del uso de cuentas de adultos por parte de menores para eludir controles tradicionales.

Desde una perspectiva regulatoria, la exigencia de biometría implica un cambio cualitativo en el modelo de control. Ya no es suficiente con validar datos una sola vez al momento del registro, la identidad del usuario pasa a ser un elemento dinámico y verificable, sujeto a controles periódicos o en cada acceso, según lo establezca la autoridad de aplicación.

Para los operadores, este esquema supone nuevas obligaciones técnicas y jurídicas, ya que deben implementar y mantener herramientas de verificación de identidad avanzadas, garantizar su correcto funcionamiento y garantizar el tratamiento adecuado de datos personales sensibles.

El efecto de las normas antilavado en los operadores de juego online

La prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (AML/CFT) es una materia de competencia exclusiva del Estado nacional y se rige, principalmente, por la Ley N.º 25.246, sus modificatorias y las normas dictadas por la Unidad de Información Financiera.

Las entidades que explotan juegos de azar, incluidas las plataformas de juego online autorizadas por las provincias, se encuentran comprendidas como sujetos obligados dentro de este régimen.

El impacto de estas normas sobre los operadores es estructural:

• Deben implementar políticas internas de prevención
• Designar un oficial de cumplimiento
• Monitorear de forma continua las operaciones y patrones de juego
• Reportar operaciones sospechosas
• Conservar documentación por los plazos legales

Estas obligaciones son nacionales, uniformes y obligatorias. Las provincias no crean normas AML, pero sí exigen su cumplimiento como condición para otorgar y mantener licencias de juego online. El incumplimiento puede generar sanciones administrativas y, en casos graves, suspender la continuidad de la autorización para operar.

¿Cómo opera el conocimiento del cliente (KYC) en el juego online argentino?

Dentro del régimen AML, el conocimiento del cliente (Know Your Customer o KYC) constituye una obligación central. La normativa nacional exige que los operadores identifiquen y verifiquen de manera fehaciente a sus clientes, elaboren perfiles de riesgo y controlen la coherencia entre la conducta de juego y la capacidad económica declarada.

Este estándar actúa como un umbral regulatorio común a nivel nacional, es decir, ningún operador puede operar por debajo de estas exigencias, con independencia de la provincia en la que desarrolle su actividad.

Sobre ese umbral, las provincias pueden definir mecanismos técnicos adicionales. La biometría exigida por la Provincia de Buenos Aires es un ejemplo claro de cómo la regulación local no sustituye el KYC, sino que lo refuerza y profundiza, elevando el nivel de control exigido. Otras jurisdicciones, en cambio, mantienen esquemas menos intrusivos basados en validaciones documentales tradicionales, lo que refleja la diversidad de modelos dentro del mismo marco federal.

Prevención de la ludopatía y protección de menores

La regulación del juego online en Argentina incorpora cada vez con mayor fuerza una dimensión social, centrada en la prevención de la ludopatía y la protección de niños, niñas y adolescentes.

El acceso permanente a plataformas digitales disponibles las 24 horas y desde cualquier dispositivo ha incrementado los riesgos asociados al juego compulsivo, especialmente entre jóvenes y adolescentes. A ello se suma la normalización del juego como una forma rápida de obtener ingresos, una narrativa que resulta particularmente atractiva para públicos vulnerables.

Frente a este escenario, las provincias avanzaron con medidas concretas de mitigación del riesgo, entre ellas:

• Límites de depósito, pérdida y monto de apuesta
• Herramientas de autoexclusión voluntaria
• Controles reforzados de edad e identidad
• Obligaciones de información y políticas activas de juego responsable para los operadores

El enfoque regulatorio actual desplaza la idea de un usuario plenamente autónomo y coloca al operador en un rol activo de prevención. La regulación ya no se conforma con habilitar la actividad sino que exige conductas responsables, sistemas de detección temprana y mecanismos de protección efectivos, especialmente cuando se trata de menores de edad.

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